El sector turístico se ha convertido especialmente en Andalucía como de todos es sabido, en una herramienta fundamental para el desarrollo económico, social y cultural de los distintos territorios de nuestro país, dada su elevada aportación a la creación de empleo y riqueza, su aportación al desarrollo armónico y equilibrado de nuestro territorio afectando positivamente a las zonas más desfavorecidas, o su naturaleza generadora de efectos dinamizadores en otros sectores económicos.
Partiendo de esta premisa, hoy el sector se sustenta sobre un modelo basado en los criterios de calidad, competitividad, diversificación y sostenibilidad, principios que tratan de responder a las demandas del turista actual.
Este modelo y los principios inherentes al mismo se enfrentan, no obstante, a un problema que se ha ido extendiendo progresivamente: el intrusismo en la prestación de servicios turísticos. En concreto, la prestación de actividades turísticas por establecimientos y agentes clandestinos que desarrollan sus servicios sin estar habilitados para ello y, por tanto, sin ajustarse a los criterios de calidad, seguridad e infraestructura que exige el ordenamiento jurídico turístico, se está convirtiendo en un fenómeno que entorpece las bases estructurales del modelo turístico vigente.
Según los datos del Anuario Económico de La Caixa, los datos son sencillamente escalofriantes y desoladores para los profesionales del sector. El año pasado en España hubo más 1.128 millones de pernoctaciones turísticas, y una abrumadora mayoría de viajeros lo hicieron en alojamientos no reglados: 764 millones de noches en establecimientos alegales frente a 364 millones de pernoctaciones en hoteles, campamentos o apartamentos que se ajustan a la ley.
La industria turística es un sector dinámico y en continua evolución que intenta buscar constantemente nuevas y originales fórmulas de oferta, de modo que la evolución constante del sector y de los servicios turísticos permite el surgimiento instantáneo de prestadores clandestinos que tratan de dar respuesta a las nuevas demandas del turista.
Asimismo, la complejidad de la actividad turística y los cambios en la comercialización a través de las nuevas tecnologías conllevan una creciente personalización de los viajes y una nueva forma de “hacer turismo” a través de Internet, facilitando la promoción y oferta de servicios turísticos clandestinos.
El surgimiento de estos clandestinos no se someten a los requisitos de calidad, infraestructura y buen servicio que exige el Derecho turístico. Con el objeto de reducir el coste de la actividad prestan servicios de baja calidad y
mínima inversión, reduciendo de forma notable la competitividad de la oferta, la calidad del destino y el prestigio de la imagen turística, provocando en última instancia una importante pérdida de mercado.
La evaluación de las necesidades de la oferta se ve desvirtuada y, por tanto, la ordenación y regulación de la actividad, la elaboración de programas de comercialización y planes de promoción, o el establecimiento de ayudas y subvenciones, no responden a las necesidades reales del sector reduciendo así la eficacia de la actuación de la Administración turística.
En este sentido, la aparición de prestadores clandestinos conlleva repercusiones negativas que en última instancia obstaculizan el pleno desenvolvimiento de esos criterios de calidad, competitividad y sostenibilidad, afectando de forma negativa tanto al sector turístico en general, como al empresario legal, al usuario turístico y al mercado laboral. La existencia de intrusismo profesional en el sector afecta también a la definición
y configuración de la política pública de turismo. En concreto, el surgimiento de establecimientos no sujetos a control falsean los datos estadísticos oficiales que permiten a los poderes públicos ordenar el sector. La evaluación de las necesidades de la oferta se ve desvirtuada y, por tanto, la ordenación y regulación de la actividad, la elaboración de programas de comercialización y planes de promoción, o el establecimiento de ayudas y subvenciones, no responden a las necesidades reales del sector reduciendo así la eficacia de la actuación de la Administración turística.
Un tercer efecto incide en el ámbito del presupuesto público. Los establecimientos
que actúan al margen de la legalidad no contribuyen con las tasas, impuestos o cánones
correspondientes, figuras impositivas que en la mayoría de los casos se destinan a mejorar las líneas estratégicas del sector en forma de infraestructuras, programas de capacitación o planes de promoción. Esto provoca que, como consecuencia de lo que podemos denominar “principio de irresponsabilidad turística”, se pierda una importante fuente de ingresos dirigidos a potenciar y mejorar el funcionamiento del sector.
De igual manera repercute en forma negativa sobre el turista, que ve reducidas sus expectativas en los servicios adquiridos.
Conviene tener presente que la existencia de la clandestinidad en el sector turístico conlleva una importante destrucción de puestos de trabajo, reduce las garantías personales del trabajador ocupado, y elimina la defensa profesional y el desarrollo de una carrera turística profesional.
El intrusismo en el sector turístico por tanto se ha convertido en un grave problema para la aplicación efectiva de los principios rectores del modelo actual. El surgimiento en los diferentes subsectores de prestadores de servicios y actividades turísticas que actúan al margen de la legalidad, sin ajustarse por tanto a los criterios de calidad, competitividad y seguridad que impone el ordenamiento jurídico, afecta negativamente a la imagen de nuestro país.
Ante esta situación, cabe preguntarse ¿que está haciendo la Junta de Andalucía en el ámbito de actuación de la Inspección turística?
Según la ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo, se establece en su Título VI que la Inspección turística, será ejercida por la Consejería competente en materia turística, a la que se adscriben los correspondientes servicios de Inspección.Pues no es hasta el año 2003, es decir cuatro años después, con el decreto 144/2003, cuando se desarrolla por mandato legal un programa de Inspección turística.
Naturalmente el programa que debía de haberse puesto en marcha, siempre por falta de recursos, queda aplazado año tras año, y se va prorrogando indefinidamente…..
La Casa Grande del Burgo 